Las perspectivas del «proceso de paz».

Por Noam Chomsky

El último informe de AP sobre Camp David, emitido en la tarde del 25 de julio, empieza diciendo: «Las negociaciones para obtener la paz en Oriente Medio, celebradas en Camp David, se interrumpieron el jueves a causa de las desavenencias sobre los derechos de ocupación del este de Jerusalén. El presidente Clinton declaró, decepcionado, que intentó enfocar el asunto desde distintos puntos de vista pero no logró dar con la forma de alcanzar un acuerdo». Clinton expresó su esperanza de que el proceso tuviera como resultado una solución para el problema del este de Jerusalén, y por ende, la superación del principal asunto sin resolver. Para entender lo que está ocurriendo es conveniente dar unos pasos atrás y observar lo ocurrido desde una perspectiva más amplia. En cualquier estudio del denominado «proceso de paz», sea el de Camp David o cualquier otro, se debe tener en cuenta el significado táctico de este término: por definición, el «proceso de paz» es cualquier objetivo que tenga el gobierno estadounidense.

Si se entiende este principio, se puede entender que los innegables esfuerzos por minar la paz llevados a cabo por Washington puedan considerarse un proceso de paz. A título de ejemplo, en enero de 1988 la prensa habló del «viaje por la paz» a Centroamérica de George Shultz, secretario de estado estadounidense, con el titular Shultz planea un viaje por la paz a los países latinos. El subtítulo explicaba el objetivo: «La misión sería un intento desesperado por aplacar la oposición a la ayuda a la Contra». Los funcionarios gubernamentales añadían que la «misión de paz» era «la única manera de salvar» la ayuda a la Contra, a la vista de la «creciente oposición del congreso de EE.UU».

 El momento en que ocurren los hechos es importante. En agosto de 1987, con una fuerte oposición de EE.UU., los presidentes de los países centroamericanos habían alcanzado un acuerdo de paz para resolver los conflictos de la zona: los acuerdos de Esquípulas. Estados Unidos se apresuró a sabotearlos, y en enero ya lo había conseguido sobradamente. Había logrado excluir el único «elemento indispensable» citado en los acuerdos: que cesara el apoyo estadounidense a la Contra. (Los vuelos de suministros de la CIA se triplicaron al instante, y se incrementó el terrorismo de la Contra.) Washington también eliminó el segundo principio básico de los acuerdos: que se respetaran los Derechos Humanos, tanto en los países aliados de los EE.UU. como en Nicaragua (por decisión de EE.UU., sólo se debían aplicar en Nicaragua). Por añadidura, el gobierno de Washington consiguió poner fin a la denostada supervisión internacional, que había cometido el delito de describir de forma fidedigna lo que había ocurrido desde que se adoptó el plan en agosto. Para consternación del gobierno de Reagan, Nicaragua aceptó de todas formas la versión de los de los acuerdos orquestada por el poder estadounidense, lo que condujo a la «misión de paz» de Shultz, emprendida con la finalidad de promover el «proceso de paz» para evitar la marcha atrás en el proceso de desguace.

En resumen, la «misión de paz» fue un «intento desesperado» por bloquear la paz y conseguir que el congreso estadounidense apoyara el «uso ilegítimo de la fuerza» que el Tribunal Internacional había condenado recientemente.

El «proceso de paz» de Oriente Medio ha seguido una trayectoria similar, aunque más drástica. Desde 1971, los EE.UU. han sido, prácticamente, los únicos contendientes en la batalla por obstaculizar un acuerdo diplomático sobre el conflicto entre Israel y Palestina; el «proceso de paz» es el registro de estos acontecimientos. Para repasar brevemente los datos básicos, en noviembre de 1967, a instancias de los Estados Unidos, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la resolución 242 sobre la «tierra para la paz». Como entendían explícitamente el gobierno de EE.UU. y los demás países firmantes, esta resolución solicitaba el restablecimiento de las fronteras anteriores a junio de 1967, aunque estaba abierto a los pequeños ajustes por mutuo acuerdo, sin ofrecer nada a los palestinos. Cuando Sadat, el presidente de Egipto, aceptó la postura oficial estadounidense en febrero de 1971, Washington reformuló la resolución 242 de la ONU para establecer la retirada parcial por parte de Israel, en las condiciones acordadas por Israel y EE.UU. Esta revisión unilateral es lo que se denomina actualmente «tierra para la paz», un reflejo de la supremacía estadounidense en lo relativo a la doctrina y la ideología.

El informe de AP antes mencionado sobre la ruptura de las negociaciones de Camp David indica que la última declaración oficial, «por deferencia a Arafat», decía que «la única forma de alcanzar la paz consiste en acatar las resoluciones adoptadas por el Consejo de Seguridad de la ONU tras las guerras de Oriente Medio, en 1967 y 1973. En ellas se insta a Israel a devolver el territorio conquistado a los árabes a cambio de la seguridad de las fronteras». La resolución de 1967 es la 242, en la que se insta a Israel a retirarse, con cierto margen para cambios de poca entidad pactados por acuerdo mutuo; la resolución de 1973 se limita a refrendar la 242 sin cambios. Pero el significado de la resolución 242 se ha modificado drásticamente desde febrero de 1971, en aplicación de las pautas de Washington.

Sadat advirtió de que el rechazo a la resolución 242 de la ONU por parte de los EE.UU. e Israel conduciría a la guerra. Ninguno de los dos países se lo tomó en serio, basándose en principios notablemente triunfalistas y racistas, que más adelante fueron denunciados en Israel. Egipto fue a la guerra en octubre de 1973, lo que estuvo a punto de resultar en un desastre para Israel y el resto del mundo, ya que las probabilidades de un conflicto nuclear eran considerables. La guerra de 1973 dejó claro incluso a Henry Kissinger que Egipto no era un simple caso perdido que se pudiera pasar por alto, de modo que Washington recurrió a la estrategia de emergencia: excluir a Egipto del conflicto de forma que Israel, cada vez con más apoyo estadounidense, pudiera integrar los territorios ocupados y atacar el Líbano. Éste fue el resultado de las negociaciones celebradas en Camp David en 1978, que desde entonces se consideran el punto culminante del «proceso de paz».

Mientras tanto, los EE.UU. vetaron las resoluciones del Consejo de Seguridad en las que se instaba a alcanzar un acuerdo diplomático que cumpliera lo dispuesto en la resolución 242 e incluyera además los derechos de Palestina. También vetaron (junto con Israel y, en ocasiones, otros estados aliados) en años sucesivos las resoluciones similares de la Asamblea general, y en años consecutivos siguieron obstaculizando todos los esfuerzos por alcanzar una solución pacífica del conflicto iniciados por Europa, los países árabes y la OLP. Este rechazo sistemático de un acuerdo diplomático es el «proceso de paz». Los medios de comunicación acallaron hace años los hechos concretos, excluidos también de todos los estudios, pero no son demasiado difíciles de indagar.

Después de la guerra del Golfo, los EE.UU. estaban por fin en posición de imponer su oposición unilateral, cosa que hicieron primero en Madrid, a finales de 1991, y después en sucesivos acuerdos entre Israel y la OLP, a partir de 1993. Con estas medidas, el «proceso de paz» ha evolucionado hacia los arreglos bantusianos que pretendían EE.UU. e Israel, como podría haber observado cualquier persona perceptiva, y como resulta evidente en los registros de documentación y, sobre todo, en los registros efectuados sobre el terreno. Esto nos devuelve al estado actual de las cosas: Camp David, julio del 2000.

A lo largo de las semanas de deliberaciones, se informaba con regularidad de que Jerusalén era el obstáculo principal. El informe final confirma esta conclusión, que no es errónea pero sí incompleta. Se han planteado soluciones «creativas» para permitir cierta autoridad simbólica de Palestina en Jerusalén, o Al Quds, como se conoce esta ciudad en árabe. Estas propuestas incluyen la jurisdicción palestina de los barrios árabes (lo que Israel debería reconocer que corresponde a sus intereses), algún acuerdo para los lugares de peregrinación islámicos y cristianos y la instauración de la capital de Palestina en la localidad de Abu Dis, cercana a Jerusalén, que con un poco de manga ancha podría pasar a llamarse «Al Quds». Habría sido posible llegar a un acuerdo de estas características, y puede que la posibilidad siga abierta. Pero surge un problema en cuanto se plantea una pregunta básica: «¿Qué es Jerusalén?».

 Cuando Israel conquistó la orilla oeste del Jordán (Cisjordania), en junio de 1967, se anexionó Jerusalén sin demasiados formulismos; por ejemplo, se ha sabido hace poco que la destrucción del barrio árabe de Mugrabi, cercano al Muro de las lamentaciones, que tuvo lugar el 10 de junio, se efectuó con tanta precipitación que un número indeterminado de palestinos quedaron sepultados en las ruinas que dejaron las excavadoras.

Israel se apresuró a triplicar la extensión del término municipal de Jerusalén. Los subsiguientes programas de desarrollo, promovidos con pocas variaciones por todos los gobiernos, estaban encaminados a ampliar más aún los límites de la «gran Jerusalén». Los mapas israelíes actuales demuestran con suficiente claridad en qué consiste el plan básicamente. Ha'aretz, el principal periódico israelí, publicó el 28 de junio un mapa en el que se detallaba «la propuesta de Israel para el asentamiento definitivo», prácticamente idéntico al «mapa final» presentado un mes antes. El territorio que se pretende anexionar alrededor de la Jerusalén ampliada se extiende en todas las direcciones. Hacia el norte, llega más allá de Ramalá, y hacia el sur llega mucho más allá de Belén. Los dos municipios mencionados, que son las dos principales ciudades palestinas de la zona, quedarían bajo el control de los palestinos, pero dentro del territorio israelí, y en el caso de Ramalá, separada del territorio palestino por el este. Al igual que todo el territorio palestino, las dos ciudades se encuentran separadas de Jerusalén, centro neurálgico de Cisjordania, por territorio anexionado a Israel. Al este, el terreno que se pretende anexionar incluye Ma'ale Adumim, una ciudad israelí en rápida expansión, y se extiende hasta Vered Jericó, un pequeño asentamiento cercano a la ciudad de Jericó. Esta «protuberancia geográfica» llega hasta la frontera con Jordania, cuya extensión se anexionará a Israel junto con la protuberancia de Jerusalén, que divide Cisjordania. Otra protuberancia que se anexionará más al norte impone, en la práctica, una segunda división.

 Los proyectos intensivos de construcción y asentamiento llevados a cabo durante los últimos años están encaminados a «crear hechos» que conducirán a este «asentamiento definitivo». Ésta ha sido, claramente, la intención de los sucesivos gobiernos desde el primer Acuerdo de Oslo, firmado en septiembre de 1993. Al contrario de lo que se ha comentado, los supuestos conciliadores (Rabin, Peres, Barak) han estado tan comprometidos con este proyecto como el tan denostado Binyamín Netanyahu, aunque estos primeros lograron avanzar en el proyecto sin suscitar tantas protestas; es algo que también conocemos en los EE.UU. En febrero de este año, la prensa israelí informaba de que el número de edificaciones iniciadas había aumentado casi en un tercio desde 1998 (Netanyahu) hasta el año actual (Barak). Un análisis efectuado por Nadav Shragai, corresponsal en Israel, revela que sólo una mínima parte de las tierras asignadas a los asentamientos se emplea en realidad para la agricultura u otros fines similares. Por ejemplo, la extensión de las tierras asignadas a Ma'ale Adumim es dieciséis veces mayor que la zona utilizada, y esta proporción no difieren mucho de la de otros lugares. Palestina ha presentado al Tribunal Supremo de Israel solicitudes de detención de la expansión de Ma'ale Adumim, pero han sido rechazadas. El pasado noviembre, un juez del Supremo explicaba el rechazo de una apelación alegando que «los residentes de las aldeas circundantes [palestinas] pueden beneficiarse del desarrollo económico y cultural de Ma'ale Adumim», lo que en la práctica equivale a la división de Cisjordania.

Estos proyectos se han llevado a cabo a expensas de los contribuyentes estadounidenses, por medio de una serie de estratagemas «creativas» encaminadas a vencer el obstáculo de que, oficialmente, está vetada la ayuda de EE.UU. con estos fines.

 El objetivo perseguido, a la larga, es un estado palestino compuesto de cuatro provincias en Cisjordania: Jericó, la provincia del sur (que llegaría hasta Abu Dis, la «nueva Jerusalén» árabe) una provincia del norte que incluiría las ciudades palestinas de Nablús, Jenín y Tulkarm y una provincia central que incluiría Ramalá. Estas provincias están completamente rodeadas por territorio que se pretende anexionar a Israel. Las zonas con concentración de población palestina estarán bajo la jurisdicción del gobierno palestino, una adaptación del típico modelo colonialista que resulta la única solución viable en lo que respecta a Israel y los EE.UU. Los planes para la franja de Gaza, una quinta provincia, siguen en el aire: Israel puede entregarla o puede retener la zona costera del sur y otra protuberancia que, en la práctica, dividiría la franja por debajo de la ciudad de Gaza.

 Estos planes son coherentes con las propuestas presentadas desde 1968, cuando Israel adoptó el «plan Allon», que no se ha presentado oficialmente pero, al parecer, consiste en la incorporación a Israel de un 40% de Cisjordania, aproximadamente. Desde entonces han presentado planes concretos, entre otros, el general ultraderechista Sharon y el Partido Laborista. Estas propuestas son relativamente parecidas en el planteamiento y en los métodos. El principio básico es el siguiente: el territorio útil de Cisjordania y los recursos críticos, sobre todo el agua, permanecerán bajo el control de Israel, pero la población estará controlada por un régimen adscrito palestino, del que se espera que sea corrupto, bárbaro y obediente. De este modo, las provincias administradas por Palestina podrán proporcionar mano de obra barata y fácil de explotar a la economía israelí. A la larga, la población podrá «trasladarse» a otros lugares de una forma u otra, con tal de que se cumplan las antiguas esperanzas.

Es posible imaginar ardides «creativos» para hacer los últimos retoques en los asuntos relacionados con los lugares de peregrinación y la administración de los barrios palestinos de Jerusalén, pero no es aquí donde radican los problemas fundamentales. No está claro que puedan resolverse de forma razonable dentro del esquema de las naciones-estado impuesto en gran parte del mundo por la conquista y la dominación de Occidente. Este esquema ha tenido consecuencias gravísimas durante siglos, incluso dentro de Europa, por no mencionar los efectos que se siguen apreciando en la actualidad.

   
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