El Plan Colombia: Abril del 2000

 

En 1999 Colombia se transformó en el principal receptor de ayuda militar y policial de los EEUU reemplazando a Turquía (Israel y Egipto entran en una categoría separada). Esta situación se incrementará marcadamente con la aprobación del Plan Colombia de Clinton, un paquete de "ayuda de emergencia" de 1,600 millones de dólares por 2 años. Durante los años 90, Colombia ha sido el principal receptor latinoamericano de ayuda militar estadounidense y también ha acumulado el peor historial en derechos humanos en una correlación muy bien establecida.

Ya que a menudo podemos aprender de los patrones sistemáticos, concentrémonos por un momento en el campeón anterior, Turquía. En su calidad de aliado militar importante y bastión estratégico de los EEUU, Turquía ha recibido sustancial ayuda militar desde los inicios de la guerra fría. Pero las entregas de armamento comenzaron a incrementarse marcadamente en 1984, sin relación alguna con la guerra fría. Por el contrario, en ese año Turquía comenzó una campaña de contrainsurgencia a gran escala en la región kurda del sudeste, que es también el sito de las mayores bases aéreas de los EEUU y un punto de vigilancia regional, por lo que todo lo que allí sucede es bien conocido por Washington. Las entregas de armamento tuvieron su punto máximo en 1997, superando las de todo el período 1950-1983. Las armas estadounidenses llegaron a ser el 80% de todo el equipamiento militar turco, incluyendo armas pesadas (jets, tanques, etc.).

En 1999 Turquía había suprimido mayoritariamente la rebelión kurda por medio del terror y la limpieza étnica, con un saldo de 2-3 millones de refugiados y 3500 aldeas destruidas (7 veces más que en Kosovo bajo las bombas de la OTAN) y decenas de miles de muertos. El flujo masivo de armas de la administración Clinton ya no era por tanto necesario para conseguir dichos objetivos. Turquía podía entonces ser elegida para alabar sus "experiencias positivas" que demuestran como "fuertes medidas antiterroristas junto con el dialogo político con los grupos opositores no terroristas" pueden superar la plaga de la violencia y las atrocidades, según nos enseña el artículo principal del NYT en relación al último informe anual del Departamento de Estado "describiendo los esfuerzos de la administración por combatir el terrorismo."

Sin embargo, a pesar del gran éxito obtenido por uno de los terrorismos de estado más extremistas de los ´90, las operaciones militares continúan mientras a los kurdos se les niegan los más elementales derechos. El 1ro de abril, 10,000 tropas turcas iniciaron nuevas operaciones terrestres en las regiones más devastadas por las campañas de terror turco-estadounidense de los años previos y también lanzaron otra ofensiva más en el norte de Irak contra fuerzas guerrilleras kurdas -en la zona de exclusión aérea donde los kurdos se encuentran protegidos por la fuerza aérea de los EEUU de su (por el momento) equivocado opresor. En el momento en que estas campañas comenzaban, el Secretario de Defensa William Cohen se dirigió al Consejo Turco-Americano, en una ocasión festiva con risas y aplausos a granel, de acuerdo al informe del gobierno. Cohen alabó aparentemente sin ruborizarse, a Turquía por participar en el bombardeo humanitario de Yugoslavia y anunció que Turquía fue invitada a participar en la coproducción del nuevo avión Joint Strike, tal como lo había hecho antes con los F-16 que utilizó, como leal miembro de la OTAN, con tan buenos resultados en las variedades autorizadas de atrocidades y limpieza étnica en su propio territorio.

En Colombia, sin embargo, los militares armados y entrenados por los Estados Unidos no han aplastado a la resistencia interna, si bien continúa produciéndose el habitual número anual de atrocidades. Cada año, unos 300.000 nuevos refugiados son expulsados de sus hogares, con un saldo de alrededor de 3000 muertes y varias masacres horribles. La gran mayoría de las atrocidades son atribuidas a las fuerzas paramilitares que están estrechamente ligadas a los militares, como ha sido documentado en detalle una vez mas en Febrero de 2000 por Human Rights Watch y en Abril del mismo año por un estudio de la ONU. Este último informa que las fuerzas de seguridad, que serán en gran parte reforzadas por el Plan Colombia, mantienen una íntima relación con los escuadrones de la muerte, organizan las fuerzas paramilitares y participan en sus masacres directamente o simplemente no las impiden, y de este forma "han sin duda alguna permitido a los grupos paramilitares conseguir sus objetivos de exterminio". La Comisión Colombiana de Juristas informó en Setiembre de 1999 que la tasa de asesinatos se incrementó en casi 20% respecto al año previo, y que la proporción atribuible a los paramilitares se incrementó de un 46% en 1995 a casi un 80% en 1998 y 1999. La Defensoría del Pueblo informó de un aumento del 68% en los masacres en la primera mitad de 1999 en comparación con el mismo período del 98, llegando a mas de una por día, atribuidas en forma abrumadora a los paramilitares.

Podemos recordar que en los primeros meses de 1999, mientras las masacres se producían en Colombia a razón de más de una por día, en Timor Oriental también hubo un incremento en las atrocidades (masacres incluidas) llevadas a cabo por comandos Indonesios armados y entrenados por los EEUU. En ambos casos la respuesta fue exactamente la misma que en Turquía: apoyar a los asesinos. Hubo también una masacre reportada en Racak, Kosovo el 15 de Enero, que inspiró tal horror entre los humanistas occidentales que fue necesario bombardear Yugoslavia 10 semanas después, con la expectativa , rápidamente confirmada de que la consecuencia sería un marcado aumento de las atrocidades. El torrente acompañante de auto-felicitaciones, que tiene poca o ninguna contrapartida, destacó una "nueva era" en los asuntos humanitarios en el cual "los estados iluminados" se dedicarán generosamente a las defensa de los derechos humanos. Dejando de lado los verdaderos hechos relacionados con Kosovo, el espectáculo fue facilitado en gran forma por el silencio o el engaño acerca de la participación de las mismas potencias en atrocidades comparables o peores, exactamente al mismo tiempo.

Volviendo a Colombia, destacados activistas de los derechos humanos siguen huyendo al exterior bajo amenazas de muerte, incluyendo ahora al Padre Javier Giraldo, el valiente director de Paz y Justicia, el grupo con base en la Iglesia Católica, quien ha jugado un papel sobresaliente en la defensa de los derechos humanos. La AFL-CIO (central sindical de los EEUU- nota del traductor) informa que varios sindicalistas son asesinados cada semana, la mayoría por paramilitares apoyados por las fuerzas de seguridad del gobierno. El desplazamiento forzado aumentó un 20% en 1998 respecto al año previo y se incrementó en algunas regiones en 1999, según Human Rights Watch. Después de Sudán y Angola, Colombia tiene ahora la tercer mayor población desplazada en el mundo.

Aclamada como una democracia líder por Clinton y otros líderes y comentaristas políticos de los EEUU, Colombia permitió por fin que un partido independiente (Unión Patriótica, UP) desafiara al sistema elitista de poder bipartidista. La Unión Patriótica, formada en parte por miembros de las guerrillas de las FARC, enfrentó sin embargo ciertas dificultades, incluyendo el rápido asesinato de cerca de 3000 militantes incluyendo candidatos presidenciales, alcaldes y parlamentarios. Los resultados, enseñaron a los guerrilleros sobre las consecuencias de un ingreso al sistema político. Washington también sacó enseñanzas de éstos y otros sucesos del mismo período. La administración Clinton estaba particularmente impresionada con el trabajo del Presidente César Gaviria quien presidió el incremento del terrorismo de estado, e impulsó (algunos dicen impuso) que la Organización de Estados Americanos lo aceptara como secretario general basado en que "Él ha impulsado enérgicamente la construcción de instituciones democráticas en un país donde a veces eso era peligroso", lo cual es seguramente verdad, en gran medida por acciones de su gobierno. Una razón más significativa es quizás que también "impulsó....reformas económicas en Colombia y en relación a la integración hemisférica", palabras en clave fácilmente interpretables.

Mientras tanto persisten vergonzosas condiciones socioeconómicas, dejando a gran parte de la población en la miseria en un país rico con una concentración de la riqueza y la tenencia de la tierra altas incluso para los parámetros latinoamericanos. La situación empeoró en la década de 1990 como resultado de "reformas neoliberales" formalizadas en la constitución de 1991. La constitución redujo aún más "la participación efectiva de la sociedad civil" en el desarrollo político, mientras que como en Latinoamérica en general, las "reformas neoliberales han originado niveles alarmantes de pobreza y desigualdad; aproximadamente 55% de la población de Colombia vive bajo la línea de pobreza" y "esta situación ha empeorado por la aguda crisis en la agricultura, la cual es también un efecto del programa neoliberal" (Arlene Tickner, Current History, Febrero 1998).

El respetado presidente del Comité Colombiano Permanente por los Derechos Humanos, el ex ministro de Asuntos Exteriores Alfredo Vasquez Carrizosa, escribe que es la "pobreza y la reforma agraria insuficiente" lo que "ha hecho a Colombia uno de los países mas trágicos de Latinoamérica", si bien como en muchos lugares , "la violencia ha sido exacerbada por factores externos", principalmente las iniciativas de la administración Kennedy , quien "se esforzó en transformar nuestros ejércitos en brigadas de contrainsurgencia"

Estas iniciativas introdujeron "lo que en Latinoamérica se conoce como Doctrina de la Seguridad Nacional" la cual no se ocupa de la "defensa frente a un enemigo externo" sino mas bien "del enemigo interno." La nueva "estrategia de los escuadrones de la muerte "brinda a los militares "el derecho de combatir y exterminar a los trabajadores sociales, sindicalistas, hombres y mujeres que no apoyen el status quo, los cuales son considerados como extremistas comunistas."

Como parte de la estrategia para convertir a los ejércitos de Latinoamérica de la "seguridad hemisférica" a la "seguridad interna" -lo que significa guerra contra la población local- Kennedy envió en 1962 una misión militar a Colombia encabezada por el General de las Fuerzas Especiales William Yarborough. Él propuso "reformas" para permitir que las fuerzas de seguridad "de ser necesario ejecuten actividades paramilitares, de sabotaje y/o terroristas contra comunistas conocidos" -los mismos "extremistas comunistas" a los que alude Vasquez Carrizosa.

Nuevamente, es valioso conocer los patrones más amplios. Poco después, Lyndon Johnson incrementó la guerra de Kennedy contra Vietnam del Sur -lo que aquí se llama "la defensa de Vietnam del Sur," tal como Rusia rotuló su guerra contra Afganistán "la defensa de Afganistán." En Enero de 1965, las Fuerzas Especiales de EEUU en Vietnam del Sur recibieron órdenes "de llevar a cabo operaciones para desalojar a los oficiales controlados por el Viet Cong (VC) , incluido el asesinato," y en forma general para usar técnicas "de pacificación" tales como "emboscadas, asaltos, sabotajes y la comisión de actos de terrorismo contra personal conocido del VC," la contraparte de los "conocidos comunistas" de Colombia.

Una comisión gubernamental colombiana concluyó que "la criminalización de la protesta social" es uno de los "principales factores que permite y estimula las violaciones de los derechos humanos" por las autoridades militares y policiales y sus colaboradores paramilitares. Hace 10 años, cuando el terror estatal apoyado por los EEUU estaba aumentando en forma pronunciada, el Ministerio de Defensa llamó a una "guerra total en los terrenos político, económico y social," mientras otro alto oficial militar explicó que las guerrillas tenían una importancia secundaria: "el peligro real" es "lo que los insurgentes han llamado la guerra política y psicológica," la guerra "por el control de los elementos populares" y "por la manipulación de las masas." Los "subversivos" esperan influenciar los sindicatos, las universidades, los medios de comunicación, etc. "Cada individuo que de una u otra forma apoya los objetivos del enemigo debe ser considerado un traidor y tratado como tal," prescribía un manual militar de 1963, cuando las iniciativas de Kennedy comenzaban a funcionar a gran escala. Puesto que los objetivos oficiales de las guerrillas son social democráticos, el círculo de traidores blanco de las operaciones terroristas es amplio.

Durante los años siguientes, la estrategia Kennedy-Yarborough fue desarrollada y ampliamente aplicada en "nuestra pequeña región aquí cerca," como la describía Henry Stimson, Secretario de Guerra de Franklin Dellano Rooswelt, al explicar porqué los EEUU tenían derecho a controlar su propio sistema regional cuando todos los demás fueron desmantelados. Una violenta represión se extendió por todo el hemisferio, comenzando en el cono sur y llegando a su pico máximo en América Central en la década de 1980 cuando el amo hemisférico reaccionó con extrema violencia ante los esfuerzos de la Iglesia y otros "subversivos" por enfrentar un terrible legado de miseria y represión. El avance de Colombia al primer lugar entre los estados criminales de "nuestra pequeña región" es en parte el resultado de la disminución del terrorismo de estado en América Central, una vez conseguidos sus objetivos como en Turquía diez años más tarde dejando a su paso una "cultura de terror" que "domestica las expectativas de la mayoría" y socava las aspiraciones de "alternativas diferentes a aquellas de los poderosos," en las palabras de los Jesuitas Salvadoreños, quienes aprendieron la lección por medio de amargas experiencias; los que sobrevivieron al ataque de los EEUU, por supuesto. Sin embargo, en Colombia el problema de establecer formas autorizadas de democracia y estabilidad persiste, e incluso se está volviendo más difícil. Una vía sería encarar los problemas y necesidades de la mayoría pobre. Otra es mandar armas para mantener las cosas como están.

De forma altamente predecible, el anuncio del Plan Colombia condujo a las guerrillas a tomar contramedidas, en particular una demanda de que aquellos con fortunas mayores a 1 millón de dólares paguen un "impuesto revolucionario" o enfrenten la amenaza del secuestro (encarcelamiento por evasión de impuestos, en los términos de las FARC). El Financial Times de Londres explica el motivo: "A los ojos de las FARC, el financiamiento es necesario para combatir el fuego con fuego. El gobierno está buscando 1,300 millones de dólares en ayuda militar de los EEUU, aparentemente para operaciones anti-drogas: las FARC creen que las nuevas armas serán usadas contra ellos. Parece que están listas para armarse con vistas a la batalla," lo que conducirá a una escalada militar y arruinar las frágiles negociaciones de paz en curso.

De acuerdo al reportero del NYT Larry Rohter, "los colombianos comunes" están "enojados" con las negociaciones de paz del gobierno, que han cedido a las FARC el control de una gran región que ya controlaban, y los "frustrados habitantes" de la región también se oponen a las guerrillas.(No se cita ninguna evidencia de esto). El principal analista militar colombiano Alfredo Rangel ve las cosas en forma diferente. Él "apunta a recordarle a los entrevistadores que las FARC tienen un apoyo significativo en las regiones donde opera," informa Alma Guillermoprieto. Rangel cita "la habilidad de las FARC para lanzar ataques sorpresivos" en diferentes partes del país, un hecho "políticamente significativo" porque "en cada ocasión, un sólo aviso por parte de la población civil sería suficiente para alertar al ejército, y éste no se da."

El mismo día que Rother informó del enojo de los "colombianos comunes," el Financial Times informó sobre un "foro innovador" en la región controlada por las FARC, uno de los tantos llevados a cabo ahí, que permiten a los "miembros del público a participar en las actuales conversaciones de paz." Ellos vinieron de todas partes de Colombia, hablaron delante de las cámaras y se reunieron con los líderes de las FARC, e incluyeron a dirigentes sindicales y empresariales, campesinos y otros. Un líder sindical de Cali, la segunda ciudad más grande de Colombia, "animó a quienes creen que el diálogo terminará con el largo conflicto armado que sufre el país" al dirigirse a los líderes de las FARC y el gobierno". El dirigió sus palabras especialmente al "señor Marulanda," el viejo líder campesino de las FARC "quien minutos antes había ingresado bajo una ovación," diciéndole que el desempleo no es un problema causado por la violencia," sino "por el gobierno y los empresarios de este país,". Los líderes empresariales también hablaron pero fueron acosados con preguntas por la gran cantidad de representantes sindicales que también habían llegaron a dialogar". Contra un fondo de "vivas sindicales," un vocero de las FARC expuso una de las visiones más claras sobre el programa económico de su organización," llamando a un congelamiento de las privatizaciones, a instituir subsidios a la energía y la agricultura como se hace en los países ricos, y a estimular la economía protegiendo las empresas locales. El representante del gobierno, quien "destacó el crecimiento basado en el sector exportador y la participación privada," describió sin embargo la declaración de las FARC como "materia prima para las negociaciones," si bien las FARC, "apoyadas en el evidente descontento popular con las políticas `neoliberales´ del gobierno," argumenta que quienes "han monopolizado el poder" deben cederlo durante las negociaciones.

Por supuesto, nadie puede decir lo que piensan los colombianos comunes" (o los "estadounidenses comunes"), aún en tiempos de paz, mucho menos cuando prevalecen el terror y la violencia y gran parte de la población busca sobrevivir bajo condiciones de miseria y represión.

El Plan Colombia es justificado oficialmente en términos de "guerra a las drogas", un alegato tomado en serio por pocos analistas competentes. La Administración de Combate a las Drogas (DEA por sus siglas en inglés) de los EEUU informa que "todas las ramas del gobierno" en Colombia están involucradas en "corrupción vinculada a las drogas". En Noviembre de 1998, la Aduana de EEUU e inspectores de la (DEA) encontraron 415 kg de cocaína y 6 kg de heroína en un avión de la Fuerza Aérea Colombiana que aterrizó en Florida, lo cual condujo al arresto de varios oficiales y personal de la Fuerza Aérea. Otros observadores han informado también de la fuerte participación de los militares colombianos en el narcotráfico,y los militares de EEUU también han resultado involucrados. La esposa del Coronel James Hiett se declaró culpable de conspiración para contrabandear heroína desde Colombia a Nueva York y poco después se informó que el Coronel Hiett, a cargo de las tropas de EEUU "que entrenan a las fuerzas de seguridad colombianas en operaciones antinarcóticos" se "espera que se declare culpable" de cargos de complicidad.

Los paramilitares proclaman abiertamente su dependencia del negocio de la droga. Sin embargo, la prensa estadounidense y latinoamericana informa que, "el ataque financiado por los EEUU respeta las áreas controladas por las fuerzas paramilitares," a pesar que "el líder de los paramilitares (Carlos Castano) reconoció la semana pasada durante una entrevista para la televisión que el 70% de sus recursos financieros provienen del narcotráfico." Los objetivos del Plan Colombia son fuerzas guerrilleras con base en el campesinado y cuyo objetivo es un cambio social interno, que interferirían con la integración de Colombia al sistema global en los términos que los EEUU exigen; o sea, dominada por elites vinculadas a los intereses de poder de los EEUU a los que se les concede libre acceso a los valiosos recursos de Colombia, incluyendo su petróleo.

En la terminología de los EEUU, las FARC son "narco-guerrillas," un concepto útil para justificar la contrainsurgencia, pero que ha sido agudamente criticado basado en los hechos. Hay acuerdo, -y los líderes de las FARC lo dicen- en que éstas cuentan con la producción de coca para financiarse, a la cual cobran impuesto, como lo hacen con otros negocios. Pero "`Las guerrillas son algo diferente de los traficantes,´ dice Klaus Nyholm, quien dirige el Programa de Control de Drogas de la ONU," que tiene agentes a lo largo de las regiones productoras de droga. El describe los frentes locales de las FARC como "muy autónomos." En algunas áreas "no están involucrados en absoluto" en la producción de coca y en otras "activamente proponen a los campesino no cultivar (coca)." El especialista andino en drogas Ricardo Vargas describe el papel de las guerrillas como "enfocadas primariamente en el cobro de impuestos sobre los cultivos ilícitos." Ellos han reclamado "un plan de desarrollo para los campesinos" que podría "permitir la erradicación de la coca sobre la base de cultivos alternativos." "Eso es todo lo que queremos," ha anunciado públicamente su líder Marulanda lo mismo que otros voceros de la organización.

Pero dejemos estos temas de lado y consideremos otras cuestiones. ¿Porqué los campesinos cultivan coca y no otros cultivos? Las razones son bien conocidas. "Los campesinos cultivan coca y amapola," observa Vargas, "a causa de la crisis en el sector agrícola de los países latinoamericanos, potenciada por la crisis económica general en la región." El escribe que los campesinos comenzaron la colonización de la Amazonia Colombiana en la década de 1950, "a partir del desplazamiento violento de los campesinos por los grandes terratenientes," y encontraron que la coca era "el único producto lucrativo y de fácil comercialización." Las presiones sobre el campesinado se incrementaron sustancialmente cuando "rancheros, inversionistas y granjeros legales comerciales crearon y fortalecieron ejércitos privados" -los paramilitares- que "sirven a los efectos de expropiar tierras por medios violentos a indígenas, campesinos y colonizadores," con el resultado que "hoy los narcotraficantes controlan gran parte de las tierras valiosas de Colombia." Los batallones de contrainsurgencia armados y entrenados por los EEUU no atacan traficantes, informa Vargas, sino "tienen como su objetivo el eslabón más débil y socialmente frágil de la cadena de la droga: la producción por los indígenas, colonizadores y campesinos." Lo mismo sucede con la armas químicas y biológicas que Washington emplea, en forma experimental en contra de las indicaciones de los fabricantes. Estas medidas multiplican los "peligros para la población civil, el ambiente y la agricultura legal". Estas destruyen "cultivos alimentarios legales como la yuca y la banana, fuentes acuíferas, pasturas, ganado y todos los cultivos incluidos en los programas de sustitución," incluso aquellos de proyectos bien establecidos dirigidos por la Iglesia, que han buscado desarrollar alternativas a la producción de coca. Existen también efectos inciertos pero potencialmente severos "sobre el ambiente del bosque tropical húmedo"

Tanto los programas tradicionales de EEUU como el actual Plan Colombia, apoyan principalmente a las fuerzas sociales que controlan el gobierno y las fuerzas militares/paramilitares, y que han en gran medida creado los problemas con su rapacidad y violencia. Los blancos son las víctimas habituales.

Hay otros factores que operan para incrementar la producción de coca. Colombia fue hace algún tiempo un importante productor de trigo. Esto fue socavado en la década de 1950 por el programa de ayuda de Alimentos para la Paz, un programa que proporcionó subsidios de los contribuyentes a las agroindustrias de los EEUU y fondos de contraparte a los estados clientes , que habitualmente fueron utilizados por éstos en gastos militares y contrainsurgencia. Un año antes de que el Presidente Bush anunciara con gran fanfarria (una vez más) la "guerra a las drogas", el acuerdo internacional sobre el café fue suspendido bajo presión estadounidense, basada en "violaciones al comercio limpio." El resultado fue una caída en los precios de mas del 40% en dos meses para el principal producto de exportación legal Colombiano.

Otros factores son discutidos por la economista política Susan Strange en su último libro. En los años sesenta, los gobiernos del G77 (ahora 133, representando el 80% de la población mundial) lanzaron una iniciativa por un "nuevo orden económico internacional" donde las necesidades de la gran mayoría de la población mundial serían una preocupación primordial. Las propuestas específicas fueron formuladas en la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), que fue establecida en 1964 para "crear un sistema de comercio internacional consistente con la promoción del desarrollo económico y social." Las propuestas de la UNCTAD fueron desechadas sumariamente por las grandes potencias, lo mismo que el llamado "a un nuevo orden internacional" en general; los EEUU en particular, insisten en que "el desarrollo no es un derecho," y que es "descabellado" y una "incitación peligrosa" (sostener lo contrario) de acuerdo con las provisiones socioeconómicas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que los EEUU rechazan. El mundo se movió -o más exactamente, fue movido- hacia un nuevo orden económico internacional, siguiendo un curso diferente, al servicio de las necesidades de un sector diferente, el de los diseñadores de este curso -difícilmente esto fue una sorpresa, a menos que uno debiera sorprenderse de que en la doctrina estándar, la forma instituida de "globalización" deba presentarse como un proceso inexorable frente al cual: "No hay alternativa", en la cruel frase de Margaret Thatcher".

Una propuesta inicial de la UNCTAD consistía en un programa para estabilizar los precios de los bienes económicos, una práctica que es estándar en los países industrializados por medio de alguna forma de subsidio, a pesar de que fuera amenazada brevemente en los EEUU cuando el Congreso estuvo dominado en 1994 por ultraderechistas que al parecer creyeron su propia retórica, para gran consternación de los líderes empresariales que entienden que la disciplina del mercado es para los que no pueden defenderse de ella. Los advenedizos ideólogos del libre mercado recibieron pronto lecciones de cómo comportarse o fueron retornados a sus casas, pero no antes de que el Congreso aprobara en 1996 la Ley de Libertad Agrícola para liberar a la agricultura estadounidense de los "programas socialistas de la Alemania Oriental del New Deal," según palabras de Newt Gingrich, terminando con subsidios que causan la distorsión del mercado -que rápidamente se triplicaron, llegando a un récord de 23 mil millones de dólares en 1999, y programados para aumentar aún más. Sin embargo, el mercado ha realizado su magia: los subsidios del contribuyente van en forma desproporcionada a las grandes agroindustrias y los "oligopolios corporativos" que dominan la entrada y la salida del negocio, observa correctamente Nicholas Kristof. Aquellos con poder de mercado en la cadena alimentaria (desde corporaciones energéticas a los detallistas) disfrutan de grandes ganancias mientras que la crisis agrícola, que es real, se concentra en la mitad de la cadena, los pequeños agricultores, quienes producen el alimento.

Uno de los principios rectores de la historia económica moderna es que los dispositivos utilizados por los ricos y poderosos para asegurarse la protección del estado nodriza no estarán disponibles para los pobres. De acuerdo con esto, la iniciativa de la UNCTAD para estabilizar los precios de los bienes fue rápidamente derribada; la organización ha sido prácticamente marginada y domesticada, junto con otras que reflejan, en alguna medida por lo menos, los intereses de la mayoría global. Revisando estos hechos, Strange observa que los agricultores fueron por tanto empujados hacia cultivos para los cuales hay un mercado estable. La agroindustria de gran escala puede tolerar la fluctuación en el precio de los bienes, compensando las pérdidas temporales en otra área. Los campesinos pobres no pueden decirle a sus hijos: "no se preocupen, quizás tendrán algo para comer el año que viene." El resultado, continúa Strange, fue que los empresarios de la droga pudieron fácilmente "encontrar agricultores dispuestos a cultivar coca, cannabis u opio," para los cuales hay siempre un mercado abierto en las sociedades ricas.

Otros programas de los EEUU y las instituciones mundiales que domina magnifican estos efectos. El actual plan de Clinton para Colombia incluye sólo fondos simbólicos para los cultivos alternativos y nada para las áreas bajo el control de la guerrilla, aunque los líderes de las FARC han expresado repetidamente su esperanza de que se proporcionen alternativas para que los campesinos no se vean forzados a cultivar coca. "Hacia el final de 1999, los EEUU habían gastado un total de 750 mil dólares en programas alternativos de desarrollo," nos informa el Centro para la Política Internacional, "todos en áreas de cultivo de amapola lejos de las planicies sureñas" a las que se dirige el Plan Colombia, el que, sin embargo, "anuncia la asistencia a los civiles que serán desplazados por la presión sobre el sur de Colombia," una parte del Plan que el Centro en forma correcta encuentra "especialmente inquietante." La administración Clinton también insiste -con relación a las objeciones del gobierno Colombiano- que cualquier acuerdo de paz debe permitir la destrucción de cultivos y otras operaciones antinarcóticos de los EEUU en Colombia. Las aproximaciones constructivas no están prohibidas, pero son un asunto de otros. Los EEUU se concentrarán en operaciones militares -que ,o casualidad, resulta que benefician a las industrias de tecnología de punta que producen el equipamiento militar y participan de un "amplio grupo de presión" a favor del Plan Colombia, junto con Occidental Petroleum, que tiene grandes inversiones en Colombia, así como otras corporaciones.

Además, los programas del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) demandan que los países abran sus fronteras a una lluvia de productos agrícolas (altamente subsidiados) de los países ricos, con el efecto obvio de desmantelar la producción local. Aquellos desplazados o bien son empujados a los barrios marginales de las ciudades (bajando así los salarios para los inversores extranjeros) o son instruidos para convertirse en "campesinos racionales" que produzcan para el mercado externo y busquen los precios más altos -lo que se traduce como "coca, cannabis y opio." Habiendo aprendido su lección en forma adecuada, son entonces recompensados con ataques con helicópteros de asalto mientras sus campos son destruidos por medio de productos químicos y armas biológicas, cortesía de Washington.

Lo mismo sucede, sin muchas variantes, a través de toda la región andina. Los problemas aparecieron brevemente a los ojos de la opinión pública durante el debate del Plan Colombia en Washington. El 8 de Abril, el gobierno de Bolivia declaró el estado de emergencia luego que protestas masivas cerraron la ciudad de Cochabamba, la tercera ciudad de Bolivia. Las protestas fueron por la privatización del sistema público de agua y el gran aumento en los precios del agua a un nivel por encima de las posibilidades de gran parte de la población. El telón de fondo es una crisis económica atribuida en parte a políticas neoliberales que culminaron con la guerra a las drogas, que ha destruido más de la mitad de la producción de hoja de coca del país, dejando a los "campesinos racionales" en la miseria. Una semana más tarde, los agricultores bloquearon una carretera cerca de la ciudad de La Paz para protestar por la erradicación de la coca, el único modo de sobrevivir que les queda bajo las "reformas," tal como han sido aplicadas.

Al informar sobre las protestas contra el precio del agua y los programas de erradicación, el Financial Times observa que "El Banco Mundial y el FMI ven a Bolivia como un modelo", una de las historias exitosas del "Consenso de Washington." Pero después de las protestas de Abril podemos ver que "el éxito de los programas de erradicación en Perú y Bolivia ha traído consigo un alto costo social." El periódico cita a un diplomático Europeo en Bolivia que dice que "Hasta hace un par de semanas, Bolivia era considerada un ejemplo exitoso" -por lo menos por algunos; por quienes "consideran" un país sin importarles su población. Pero ahora, continúa diciendo, "la comunidad internacional debe reconocer que las reformas económicas no han hecho nada para resolver los crecientes problemas de la pobreza"; un poco eufemístico. El secretario de la Conferencia Episcopal Boliviana, quien medió en el acuerdo para terminar la crisis, describió el movimiento de protesta como "el resultado de la extrema pobreza. Las demandas de la población rural deben ser atendidas si queremos una paz duradera."

Las protestas de Cochabamba estuvieron dirigidas contra el Banco Mundial y la corporación Bechtel con base en San Francisco/Londres, el principal poder financiero detrás del conglomerado transnacional que compró el sistema de agua público en un contexto de acusaciones serias de corrupción y entreguismo, y que inmediatamente duplicó las tarifas para muchos consumidores pobres. Bajo la presión del Banco, Bolivia ha vendido gran parte de su patrimonio a corporaciones (casi siempre extranjeras) privadas. La venta del sistema público de agua y el aumento desencadenó meses de protesta que culminaron con la demostración que paralizó la ciudad. Las políticas del Gobierno se pliegan a las recomendaciones del Banco Mundial que "No deben otorgarse subsidios para amortiguar el aumento de las tarifas en Cochabamba"; todos los usuarios, incluidos los más pobres, deben pagar la tarifa entera. A través de Internet, activistas en Bolivia llamaron a protestas internacionales, que tuvieron un impacto significativo, presumiblemente amplificadas por las protestas concurrentes en Washington contra las políticas del Banco Mundial y el FMI. Bechtel se retiró y el gobierno rescindió la venta. Pero una larga y difícil lucha queda por delante.

Cuando la ley marcial era declarada en Bolivia, un informe de prensa desde el sur de Colombia describía el miedo creciente a que los aviones de fumigación estuvieran llegando para "tirar su veneno sobre los campos de coca, lo que también destruiría los cultivos de subsistencia de los campesinos, causaría disturbios sociales masivos, y fomentaría la amenaza siempre presente de la violencia." El miedo la cólera generalizados reflejan "el nivel de espanto y confusión en esta parte de Colombia" cuando los EEUU llevan a cabo una guerra química y biológica para destruir la producción de coca.

Otra pregunta acecha en el fondo no muy lejos. ¿Qué derecho tienen los EEUU para llevar a cabo operaciones militares y guerra química/biológica en otros países para destruir un cultivo que no les gusta? Podemos dejar de lado la respuesta cínica de que los gobiernos han requerido esta "asistencia", como si no fuera bajo amenazas. Debemos por tanto preguntarnos si otros tienen el mismo derecho extraterritorial a la violencia y la destrucción que los EEUU reclaman.

El número de Colombianos que mueren por causa de drogas letales producidas en los EEUU excede el número de estadounidenses que mueren por la cocaína, y es mucho mayor en relación a la población. En Asia Oriental, las drogas letales producidas en EEUU están vinculadas a millones de muertes. Estos países son empujados, no sólo a aceptar los productos sino además su publicidad, bajo amenaza de sanciones comerciales. Los efectos de un "mercadeo agresivo y publicidad por parte de empresas estadounidenses son, en buena medida, responsables de ... un considerable incremento en las tasas de mujeres y jóvenes fumadores en los países de Asia cuyas puertas fueron abiertas a la fuerza bajo la amenaza de severas sanciones comerciales de los EEUU," concluyen investigadores en salud pública. En contraste, a los carteles Colombianos, no se les permite hacer grandes campañas publicitarias donde una contraparte de Joe Camel alabe las maravillas de la cocaína.

Estamos por tanto en condiciones, y de hecho moralmente obligados a preguntar si Colombia, Tailandia, China, y otros objetivos de las políticas comerciales y de promoción de exportaciones letales de los EEUU, tienen derecho a conducir una guerra militar, química y biológica en Carolina del Norte. Y si no, porqué no?

Podríamos también preguntar porque no hay operaciones de la Fuerza Delta sobre los bancos y corporaciones químicas estadounidenses, cuando no es ningún secreto que también están involucrados en el negocio del narcotráfico. Y porqué el Pentágono no se está aprontando para atacar Canadá, que está reemplazando a Colombia y México con marihuana de alta potencia que ya se ha transformado en el producto agrícola más valioso de la Columbia Británica y en uno de los mas importantes sectores de su economía, junto con Quebec y seguido de cerca por Manitoba, con una decuplicación de la producción sólo en los últimos dos años. O, para atacar a los Estados Unidos, un importante productor de marihuana con una producción en rápida expansión que incluye invernaderos hidropónicos, y el centro tradicional de fabricación ilícita de drogas ilegales de alta tecnología (ETA, estimulantes de tipo anfetamina), el sector de las drogas de más rápido crecimiento, con 30 millones de usuarios a nivel mundial, probablemente superando a la heroína y a la cocaína.

No hay necesidad de revisar en detalle los efectos letales de las drogas estadounidenses. La Suprema Corte de Justicia concluyó recientemente que ha sido "ampliamente demostrado" que el tabaco es "quizás la principal amenaza singular a la salud publica en los EEUU," responsable de más 400,000 muertes anuales, más que el SIDA, los accidentes automovilísticos, el alcohol, los homicidios, las drogas ilegales, los suicidios y los incendios todos juntos; la Corte prácticamente instó al Congreso a legislar una regulación. Como el uso de esta sustancia letal se ha reducido en los EEUU, y los fabricantes han sido obligados a pagar substanciales indemnizaciones a las víctimas, se han mudado a mercados extranjeros, otra práctica estándar. El número de muertes es incalculable. Richard Peto, epidemiólogo de la Universidad de Oxford, estimó que sólo en China, entre los niños que hoy tienen menos de 20 años, 50 millones morirán por enfermedades relacionadas con el cigarrillo, un número sustancial debido a la doctrina de "libre comercio" altamente selectivo de los EEUU.

En comparación con las 400.000 muertes causadas cada año en EEUU por el tabaco, las muertes "relacionadas con las drogas" llegaron a un récord de 16,000 en 1997. Por otra parte, sólo 4 de cada 10 adictos que necesitaron tratamiento lo recibieron, según un informe de la Casa Blanca. Estos hechos plantean nuevas preguntas sobre los motivos de la guerra a las drogas. La seriedad de la preocupación acerca del uso de drogas fue ilustrada de nuevo cuando una Comisión Parlamentaria se encontraba estudiando el Plan Colombia de Clinton. Se rechazó una enmienda propuesta por Nancy Pelosi, Demócrata por California, reclamando la financiación de servicios destinados a la reducción de la demanda de drogas. Es bien sabido que éstos son con mucho más efectivos que las medidas de fuerza. Un estudio ampliamente citado de la corporación RAND financiado por el ejército de los EEUU y la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas encontró que los fondos gastados en el tratamiento doméstico de los adictos fueron 23 veces más efectivos que el "control del país de origen" (Plan Colombia), 11 veces más efectivos que la limitación de la oferta y 7 veces más efectivo que la ejecución de las leyes domésticas. Pero no se seguirá el camino barato y efectivo. En contraste, la guerra de las drogas ataca a campesinos pobres en el exterior y gente pobre en los EEUU; por medio del uso de la fuerza, no de medidas constructivas para aliviar los problemas a un costo mucho menor.

Mientras el Plan Colombia de Clinton estaba siendo preparado, funcionarios de alto rango de la administración discutieron una propuesta de la Oficina de Presupuesto y Administración consistente en tomar 100 millones de dólares de los 1.300 millones entonces planeados para Colombia, para dedicarlos al tratamiento de los adictos estadounidenses. Hubo una oposición casi unánime, particularmente del "zar de las drogas" Barry McCaffrey, y la propuesta fue dejada de lado. En contraste, cuando Richard Nixon -en muchos aspectos el último presidente liberal- declaró una guerra a las drogas en 1971, dos tercios de los fondos fueron para tratamiento, que estuvo disponible para un número récord de adictos; se produjo una dramática reducción en los arrestos relacionados con drogas y en el número de presos en prisiones federales, así como en las tasas de delitos. Desde 1980, sin embargo, "la guerra contra las drogas ha sufrido un viraje hacia el castigo a los delincuentes, la vigilancia en las fronteras y el combate a la producción en los países de origen," informa John Donnelly en el Boston Globe. Una consecuencia es el enorme incremento en delitos (muchas veces sin víctimas) relacionados con la droga y un crecimiento explosivo en la población carcelaria, llegando a niveles muy por encima de cualquier país industrializado y posiblemente estableciendo un récord mundial, sin efecto perceptible sobre la disponibilidad o el precio de las drogas.

Tales observaciones, bien simples, suscitan la pregunta sobre de que se trata la guerra contra las drogas. Está ampliamente reconocido que falla en el intento de alcanzar sus fines declarados, y que los métodos fallidos son entonces ejecutados más vigorosamente mientras que los métodos efectivos para conseguir los fines declarados son dejados de lado. Es por tanto natural concluir que la guerra a las drogas, en su forma duramente punitiva aplicada desde 1980, no ésta fallando, está consiguiendo sus objetivos. ¿Cuáles son esos objetivos? Un respuesta plausible queda implícita en un comentario del senador Daniel Patrick Moynihan, uno de los pocos senadores que presta buena atención a las estadísticas sociales. Adoptando estas medidas, él observa, "estamos eligiendo tener un gran problema delictivo concentrado entre las minorías." El criminólogo Michael Tonry concluye que "los planificadores de la guerra sabían perfectamente lo que estaban haciendo." Lo que estaban haciendo es, primero, sacándose de encima la "población superflua," la "gente desechable" como se los llama en Colombia, donde son eliminados a través de la "limpieza social"; y segundo asustando a todos los demás, lo que no es una tarea menor en un período donde se está imponiendo una forma doméstica de "ajuste estructural" con costos significativos para la mayoría de la población.

"Mientras la Guerra a las Drogas sólo ocasionalmente sirve y más a menudo degrada la salud pública y la seguridad," concluye un estudio bien documentado de investigadores de Partners in Health , "habitualmente sirve a los intereses de la riqueza privada: intereses revelados en el esquema de "ganadores y perdedores, objetivos y no-objetivos, financiados y desfinanciados," generalmente de acuerdo con "los principales intereses de las políticas de los EEUU a nivel interno y externo y con el sector privado que posee "una influencia avasalladora en la política."

Uno puede debatir los motivos, pero las consecuencias en los EEUU y en el exterior parecen razonablemente claras.

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